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México exige autorización de seguridad nacional para ciertas compras extranjeras de empresas de IA, chips y ciberseguridad
Redacción de IA en un minuto · Editor: Jon Elgezabal

En 30 segundos
México vigilará desde el 20 de noviembre ciertas compras extranjeras de compañías de IA, chips y ciberseguridad por motivos de seguridad nacional. El permiso será obligatorio cuando el comprador pase del 49% del capital y la empresa supere un umbral de activos que todavía está por decidir, con un plazo de 180 días naturales. Una operación sin ese permiso puede costar hasta 23,46 millones de pesos.
México someterá a una revisión de seguridad nacional determinadas compras de empresas de inteligencia artificial, semiconductores y ciberseguridad por parte de inversionistas extranjeros. El decreto que reforma la Ley de Inversión Extranjera salió en el Diario Oficial de la Federación el jueves 19 de noviembre y rige desde el viernes 20, según El Economista.
La reforma añade a la ley el artículo 30 Bis y un Título Sexto Bis con el nuevo procedimiento. Hará falta el visto bueno de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras cuando un inversionista de fuera vaya a controlar, de forma directa o indirecta, más del 49% del capital de una sociedad mexicana, cuando los activos de esa sociedad pasen de un umbral y cuando su actividad figure en la lista del decreto. En esa lista están la IA y la ciberseguridad, que el texto trata como tecnologías críticas y productos de doble uso, los semiconductores, la infraestructura para tratar o guardar datos y las compañías con acceso a información sensible, como los datos personales. Fuera de la tecnología, la revisión llega a la infraestructura estratégica de transporte y salud, a quienes suministran energía o materias primas y a la seguridad alimentaria.
Ese umbral de activos aún no existe. La Comisión tiene 180 días naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación, para fijarlo y darlo a conocer. Si la empresa queda por debajo y el comprador va a pasar del 49%, pedir la revisión será voluntario.
Para resolver, la Comisión dispone de 45 días hábiles desde que la sociedad mexicana y el inversionista presentan juntos la solicitud. En estos expedientes, a diferencia de los trámites generales, que la Comisión no conteste a tiempo no equivale a una aprobación. Puede vetar la operación o pedir cambios que reduzcan el riesgo, y sus autorizaciones pueden incluir informes periódicos. A la Comisión se incorporan con voz y voto la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y también votarán las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina.
Si las acciones se traspasan sin esa autorización, la multa puede llegar a 23,46 millones de pesos, una cifra calculada con la Unidad de Medida y Actualización de 2026, y la Comisión puede obligar al comprador a deshacerse de lo adquirido. El control general del artículo 9, que ya pedía una resolución favorable para más del 49% de participación extranjera en sociedades con activos por encima de un monto anual, sigue vigente en paralelo.
Mientras no se publique el umbral, no se puede saber cuántas empresas tendrán que pasar por esta revisión.
Por qué importa · análisis y opinión
La reforma convierte la inversión extranjera en IA, chips y ciberseguridad en un asunto de seguridad nacional, pero todavía no dice a quién afectará de verdad: todo depende del umbral de activos que falta por publicar. Hasta que llegue, cualquier operación con capital de fuera en una empresa mexicana de estos sectores, o que maneje datos sensibles, debería contar con un calendario más largo y con la posibilidad de que la Comisión ponga condiciones. Para una startup que busca inversores internacionales, la pregunta práctica es si una ronda que deje el control en manos de un fondo extranjero entra en el filtro. Lo prudente para compradores y vendedores es revisar ya en qué actividad del decreto encaja la empresa y qué información guarda, antes de firmar nada.
Fuente: El Economista · Redactada con ayuda de IA: cómo hacemos las noticias
¿Qué significa para tu negocio? · análisis y opinión
Esta reforma afecta sobre todo a las empresas mexicanas de inteligencia artificial, semiconductores, ciberseguridad o infraestructura para tratar y almacenar datos que busquen un comprador o un socio extranjero que vaya a quedarse con más del 49% del capital, de forma directa o indirecta. En España y en el resto de Latinoamérica también importa a quien piense invertir en una empresa tecnológica mexicana o comprarla. No afecta a quien solo usa herramientas de IA en su negocio.
En la práctica, lo prudente es no cerrar ninguna operación de ese tipo hasta que la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras publique el umbral de activos, que tiene 180 días naturales para fijar. Si los activos quedan por debajo, la revisión por seguridad nacional será voluntaria; nuestro consejo es valorar pedirla igualmente cuando la empresa maneje datos personales u otra información sensible. La solicitud la presentan juntos la empresa mexicana y el inversionista ante la Secretaría Técnica de la Comisión, y conviene reservar en el calendario de la operación los 45 días hábiles que tiene para resolver, porque en estos casos el silencio no equivale a una aprobación.
Saltarse el trámite sale caro: la multa puede llegar a 23,46 millones de pesos y la Comisión puede ordenar al inversionista que se desprenda de lo que ha comprado. Además, la autorización puede llegar con condiciones, como la obligación de presentar reportes periódicos.


