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El Gobierno aprueba un real decreto-ley para crear una red de hasta 20 centros de investigación en IA, chips y cuántica
Redacción de IA en un minuto · Editor: Jon Elgezabal

En 30 segundos
El Consejo de Ministros dio luz verde el viernes a un real decreto-ley para impulsar la ciencia española en inteligencia artificial, semiconductores y cuántica. El paquete agrupa hasta 20 centros públicos en una red con más libertad para fichar y comprar, el Barcelona Supercomputing Center será fundación pública y la deducción fiscal sube al 15 %. El decreto necesita el visto bueno de la Diputación Permanente, porque las Cortes están disueltas.
El Consejo de Ministros aprobó el viernes 20 de noviembre un real decreto-ley con medidas urgentes para que la ciencia española gane competitividad y soberanía tecnológica, sobre todo en inteligencia artificial, chips y computación cuántica. Pedro Sánchez lo presentó con una frase: "Soberanía es no depender de multinacionales ni intereses extranjeros", según recoge Xataka.
La pieza central es una red de un máximo de 20 centros públicos con la etiqueta de "interés nacional" en 10 áreas estratégicas, como la IA, los semiconductores, la energía o las tecnologías cuánticas. Lo nuevo no son los centros, sino ese estatus especial: les da más margen para contratar personal, adquirir equipos y sacar al mercado lo que investigan, y durará cinco años, ampliables hasta diez.
El decreto convierte además el Barcelona Supercomputing Center en una fundación pública dependiente de la Administración General del Estado, con la posibilidad de crear una empresa para vender sus resultados. También recorta trámites en convenios y contratos de I+D+I, quita autorizaciones previas en algunos contratos y permite pagar más a los investigadores financiados con fondos externos.
En la parte fiscal, las empresas más innovadoras podrán deducirse un 15 % en lugar del 12 %; las startups que aún no tienen beneficios podrán recibir hasta tres millones al año en deducciones, frente a uno ahora, y las bonificaciones al contratar a personal de I+D se alargan de tres a cinco años.
España parte por detrás: en 2024 dedicó a I+D el 1,50 % de su PIB, frente a cerca del 2,2 % de media en la UE. El paquete se suma a la Estrategia Deep Tech España, aprobada en mayo, con la que el Gobierno prevé movilizar hasta 2030 más de 8.000 millones de euros, y a los 300 millones aprobados en junio para las gigafactorías europeas de IA, dos de ellas en España (en el BSC y en el CESGA).
Las Cortes están disueltas por las elecciones generales del 29 de noviembre, así que la convalidación corresponde a la Diputación Permanente, que dispone de treinta días para hacerlo (lo fija el artículo 86 de la Constitución). El próximo Gobierno podría modificar el texto.
Xataka señala que el real decreto-ley recoge medidas concretas pero no incluye dinero. Según la Fundación Cotec, para que la I+D alcance en 2027 el 2,12 % del PIB que se ha fijado como meta, la inversión tendría que crecer cerca de un 24 % cada año.
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La medida cambia sobre todo cómo se gestiona la ciencia pública, no cuánto se invierte en ella. Dar a ciertos centros más libertad para fichar y comprar ataca una queja antigua de los investigadores, la burocracia, pero sin presupuesto nuevo su efecto dependerá de los fondos que ya tengan. El calendario añade incertidumbre: el texto tiene que pasar por la Diputación Permanente y el próximo Gobierno puede rehacerlo. Para las empresas que investigan en España, lo sensato es esperar a la convalidación antes de contar con la mejora fiscal en sus cuentas, y fijarse en qué centros entran en la red, porque pueden convertirse en socios más ágiles para proyectos conjuntos.
Fuente: Xataka · Redactada con ayuda de IA: cómo hacemos las noticias
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Lo que toca directamente a las empresas es la parte fiscal. Según el texto aprobado, la deducción para las empresas que más innovan pasa del 12% al 15%, las startups que todavía no tienen beneficios podrán cobrar hasta tres millones al año en deducciones, en vez de uno, y las bonificaciones por contratar personal de I+D durarán cinco años en lugar de tres. Afecta a las empresas con actividad en España que investigan o desarrollan tecnología, incluidas las pequeñas tecnológicas y las startups. A quien no hace I+D, o a las empresas de Latinoamérica sin actividad en España, no le cambia nada de forma directa.
Nuestro consejo es no dar nada por cerrado todavía, porque la norma aún no está confirmada y puede modificarse tras las elecciones. Lo prudente es revisar con la asesoría fiscal qué proyectos y qué contrataciones de investigadores podrían acogerse a las nuevas condiciones, y documentar desde ya esos gastos: no cuesta nada y sirve igual con las reglas actuales.
El riesgo está en ajustar presupuestos o contrataciones contando con el 15% antes de que el decreto quede convalidado. En cuanto a la red de centros, por ahora es una medida de política científica y el decreto no detalla financiación, así que conviene verla como algo a seguir más que como una oportunidad inmediata para una empresa pequeña.


