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Anthropic pide al Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia que reexamine su caso contra el Departamento de Guerra
Redacción de IA en un minuto · Editor: Jon Elgezabal
En 30 segundos
Anthropic quiere que el tribunal de apelación del Distrito de Columbia revise el fallo del 25 de septiembre, que por dos votos contra uno avaló tratarla como riesgo para la cadena de suministro. El choque nació de su negativa a permitir que Claude sirviera en la guerra autónoma letal o para vigilar en masa a los estadounidenses. La empresa alega que Hegseth no le dio ocasión de defenderse y se apoya en el voto discrepante de Henderson.
Anthropic sigue adelante con su pleito contra el Departamento de Guerra de Estados Unidos (el Pentágono).
El martes 13 de octubre, la empresa pidió al Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia que vuelvan a examinar su caso los mismos tres jueces o el pleno del tribunal. En una sentencia del 25 de septiembre, un panel dividido, por dos votos contra uno, confirmó su designación como riesgo de seguridad nacional para la cadena de suministro.
Esa designación llegó después de que Anthropic se negara a eliminar las restricciones que impedían usar sus modelos Claude para la guerra autónoma letal y la vigilancia masiva de los estadounidenses. Según la petición, el Departamento empezó a usar Claude en marzo de 2025 con una política de uso propia para el Gobierno. En septiembre de 2025 exigió que estuviera disponible para «todos los usos legales», y Anthropic aceptó retirar todas las limitaciones menos esas dos. El 27 de febrero de 2026, el presidente Trump ordenó a todas las agencias dejar de usar su tecnología, y la notificación formal de la designación llegó el 4 de marzo.
En su petición, impugna cómo interpretó la ley la mayoría y sostiene que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, se saltó los requisitos de avisar de la designación antes de aplicarla y de dar la oportunidad de responder. La mayoría no aceptó la acusación del secretario de que Anthropic fuera una «parte hostil», pero entendió que la ley alcanza a quien diseña su modelo para limitar ciertos usos, sea cual sea su intención, y consideró que saltarse esos trámites no cambiaba el resultado. Anthropic sostiene además que la designación vulnera su libertad de expresión y su derecho a un procedimiento con garantías, y recuerda que un juzgado federal del distrito norte de California, al examinar otra designación paralela basada en una ley distinta, vio pruebas directas de que respondía a sus declaraciones públicas.
También cita el voto en contra de la jueza Karen LeCraft Henderson, según el cual las empresas que trabajan para el Gobierno quedan ante la disyuntiva de «aceptar las exigencias del secretario o arriesgarse a ser designadas como una amenaza para la seguridad nacional».
La petición subraya que solo el Circuito del Distrito de Columbia puede resolver estos recursos, así que, si no se repite el examen, únicamente el Tribunal Supremo podría corregir la decisión del panel. En el caso se han presentado quince escritos de terceros (amicus curiae). El tribunal tiene que decidir ahora si acepta volver a examinarlo.
Por qué importa · análisis y opinión
Lo que se discute ya no es solo el contrato de una empresa con el Ejército, sino cuánto margen tiene el Gobierno sobre cualquier proveedor que ponga límites al uso de su tecnología. Si la lectura de la mayoría se mantiene, una ley que Anthropic considera pensada para actores extranjeros hostiles podría aplicarse a compañías nacionales que se niegan a ciertos usos, y eso pesa sobre cualquier empresa de IA que negocie con administraciones públicas. Las políticas de uso, vistas hasta ahora como una cuestión de ética corporativa, pasan a tener también un riesgo comercial. Quien venda software al sector público hará bien en revisar qué restricciones incluye en sus contratos y cómo las justifica por escrito. Falta saber si el tribunal acepta el nuevo examen y si el caso termina en el Supremo.
Fuente: CourtListener · Redactada con ayuda de IA: cómo hacemos las noticias
